Principios éticos para la toma de decisiones clínicas

Todos los documentos, normas, protocolos y lineamientos socializados por EPS Sanitas se crearon para facilitar la toma de decisiones clínicas y para proteger los derechos de las personas enfermas y de los trabajadores de la salud, su estudio cuidadoso hace parte de nuestros deberes implícitos en la lex artis médica y trascienden al orden moral en este momento coyuntural. Los siguientes principios éticos pretenden ser una herramienta útil para la toma de las decisiones difíciles que se espera deberán tomarse con ocasión de la situación excepcional por la epidemia del COVID-19 (57) (58) (59) (60).

  • Principio de planificación: Busca evitar el desborde de los servicios médicos, implementando un plan de contingencia que incluya rutas de atención, aumento del número de camas, protocolos de reporte y seguimiento a contactos positivos y estrategias de teleconsulta, para lo cual será necesario canalizar recursos para para la atención de la epidemia.

  • Principio de la equidad: Pretende distribuir los recursos según la necesidad. El ingreso de pacientes a UCI no podrá definirse por orden de llegada, para todos los pacientes que lo requieran deberá hacerse el análisis cuidadoso particular, sin discriminación y con imparcialidad, garantizando el máximo beneficio.

  • Principio de proporcionalidad: implica tomar decisiones en función de los beneficios, costos y riesgos de una intervención. El objetivo de los criterios para la selección de los pacientes en los servicios de urgencias es preservar la UCI para aquellos con una mayor probabilidad de recuperación y supervivencia, asociados con una mejor calidad de vida y funcionalidad.

    La escogencia de pacientes que deben ser llevados a UCI deberá tener en cuenta el estudio en conjunto de los siguientes factores:

    1. La edad del paciente.
    2. La gravedad de la enfermedad en el momento del ingreso.
    3. La presencia de otras enfermedades graves.
    4. La presencia de deterioro neurológico o cognitivo irreversible.
    5. La falla de múltiples órganos.

    La revisión de la evidencia sobre los lineamientos éticos al respecto sugiere tomar en consideración la evaluación juiciosa de cada caso determinando el pronóstico con escalas de gravedad y funcionalidad. Lo anterior recalca la necesidad de que los criterios médicos deben primar por encima de los juicios de valor como el "valor social de las personas" para definir el ingreso a la UCI, así como también adecuar los esfuerzos terapéuticos a las necesidades de los pacientes y retirar o no instaurar intervenciones que no modifiquen el mal pronóstico y mantener las medidas de cuidados paliativos que garanticen su confort hasta el final de la vida.

  • El derecho a morir dignamente: garantiza que las personas en uso del principio de autonomía y en pleno uso de sus facultades mentales siempre que su estado clínico lo permita, puedan tomar decisiones anticipadas sobre cómo quieren enfrentar la muerte, deseos que se pueden expresar con el documento de voluntades anticipadas (Resolución 2665 de 2018) y será el personal de salud quien deba garantizar el acompańamiento al proceso de forma consensuada con el paciente, ya que los familiares deberán respetar las medidas de aislamiento instauradas y no asumir acciones de limitación del esfuerzo terapéutico sin verificar la capacidad de decisión del paciente así como el consenso previo del equipo tratante.

    Consulte aquí la norma y los formatos de voluntades anticipadas:



  • El respeto a la autonomía del paciente establece que debe ser informado de forma clara de su estado y evolución, así como de las posibilidades de tratamiento, participando en la toma de decisiones y formalizando su voluntad a través del consentimiento informado, no obstante, las emergencias vitales y la imposibilidad de tomar decisiones de forma autónoma son excepciones al deber de solicitar el consentimiento informado.

  • El principio de la autonomía profesional busca garantizar los derechos laborales del personal de salud y su autonomía para tomar decisiones en favor de los pacientes. En la situación actual los profesionales enfrentan una carga laboral excesiva que puede afectar su salud física y mental, por lo tanto, es necesario priorizar el acceso a los elementos de protección al personal que lo requiera para no poner en riesgo su salud, la de sus familiares y la de la población en general. Por esta razón se hace necesario también el seguimiento y apoyo emocional cuando las situaciones estresantes sobrepasen los límites de la tolerancia de los trabajadores de la salud.

  • El principio de la corresponsabilidad consiste en articular los derechos de los ciudadanos con los deberes, y responsabilidades compartidas entre el individuo, el Estado y la sociedad. Las estrategias de contención y mitigación de la pandemia como el aislamiento voluntario buscan disminuir la velocidad de la propagación de la epidemia y proteger a la población más vulnerable. Medidas que requieren de la cooperación y la solidaridad entre los miembros de la comunidad y que en el marco de los Derechos Humanos los Estados pueden limitar algunas libertades en aras de proteger la salud pública y el bien común.

  • El derecho a intentar (Right to try) corresponde al derecho a explorar todas las posibilidades científicas existentes (Sentencia T-057 de 2015) para atender una situación desesperada en el caso de saturación de los servicios de salud, es razonable explorar estrategias extraordinarias como iniciativas de uso de ventiladores que no cumplen todos los estándares de calidad o la formación en habilidades de manejo de la vía aérea y ventilación mecánica básica para no expertos o disponer de áreas alternas y distintas a las habituales para hospitalizar pacientes complicados.

  • “Esta pandemia es una oportunidad para recordar la importancia de la equidad como un principio básico que cualquier sociedad necesita para enfrentar las loterías de la vida”.